Los toros, un debate desde hace 500 años por Beatriz Boderrey Martín

 Papas, teólogos, reyes y ministros intentaron prohibir las fiestas taurinas. ¿Arte o barbarie? La controversia recorre la historia de España hasta hoy

El debate taurinismo/antitaurinismo ha cobrado especial relevancia en las últimas décadas. La Ley 28/2010 que prohibió la celebración de corridas de toros en Cataluña, o las Leyes 18/2013 y 10/2015, que han declarado la tauromaquia patrimonio cultural de todos los españoles son algunos hitos de un debate que divide a la sociedad actual.

La cuestión no es nueva. Las fiestas de toros, desde su origen, han sido un espectáculo polémico que ha despertado grandes pasiones a favor y en contra: procuradores, papas, teólogos, monarcas, diputados y ministros intentaron prohibir las fiestas de toros en diversas ocasiones y por distintos motivos.

Las primeras voces críticas surgieron a mediados del siglo XVI. Fueron las de algunos procuradores castellanos que denunciaron "las muertes de hombres y otros muchos inconvenientes" que se seguían de estos festejos, por lo cual solicitaron su prohibición. La petición llegó al monarca, pero la respuesta de Felipe II fue negativa. Señaló que el correr toros era una costumbre muy antigua y general de esos reinos "y para la quitar será menester mirar mas en ello"; en cuanto a los daños que podían generarse, ordenó a los justicias y corregidores que tomaran las medidas necesarias para evitarlos.

La Iglesia tomó el relevo abolicionista. Una bula promulgada en 1567 por el papa Pío V -De Salute Gregis- ordenaba excomunión automática contra todos los príncipes cristianos y autoridades, civiles y religiosas, que permitieran la celebración de corridas de toros en los lugares de su jurisdicción. Además, prohibía a los militares y demás toreadores participar en las mismas, ya fuera a pie o a caballo, llegando a negar sepultura eclesiástica a quien muriera en ellas.

LICITUD DEL ESPECTÁCULO

Los teólogos y moralistas españoles estaban divididos. Mientras que para algunos se trataba de un espectáculo ilícito, en el cual el hombre ponía en peligro su vida sin causa suficiente, para otros constituía un título incuestionable el lucro; es decir, el hecho de que los toreros se ganaban la vida de este modo. En cuanto al peligro de muerte o lesiones graves entendían que era remoto, habida cuenta de la destreza y habilidad de los toreros que, además de ser profesionales, tomaban precauciones.

Todos estos argumentos sirvieron para que otro papa, Clemente VIII, promulgara un nuevo documento, el breve Suscepti numeris, en el cual declaraba que a la vista de que las penas establecidas no habían servido para salvar almas sino para dañarlas y viendo que las corridas de toros podían tener ventajas, pues servían para que los militares se adiestraran en el manejo de las armas y se endurecieran para la guerra, y conociendo la habilidad natural de los españoles para este tipo de espectáculos, resolvía revocar todos los anatemas y excomuniones.

En el Setecientos alcanzó su plenitud el toreo caballeresco y a lo largo del siglo XVIII tuvo lugar la consolidación de la tauromaquia a pie, tal y como se entiende hoy en día con sus tres tercios: suerte de varas, banderillas y muerte del toro. Esa nueva tauromaquia alcanzó su plenitud en el último tercio de la centuria, gracias a la labor de tres grandes figuras que fijaron los cánones del toreo moderno: Joaquín Rodríguez Costillares, José Delgado Guerra Pepe-Hillo y el rondeño Pedro Romero. Ahora bien, como apunta el profesor González Troyano, fue precisamente en las últimas décadas del Setecientos cuando el espectáculo sufrió las mayores acometidas y críticas de sus detractores: los ilustrados partidarios de la modernización de España.

Felipe II se opuso a prohibir los festejos, mientras que el papa Pío V, en 1567, promulgó una bula en contra

La mayoría de los ilustrados fueron firmes detractores, menos Moratín, Meléndez Valdés e Iriarte

Cambian ahora los argumentos de la polémica. En un mundo cada vez más laico, pierde vigencia el debate ético y religioso mientras que se aportan nuevas razones de tipo económico y laboral. Sus detractores destacaron las nefastas consecuencias que la celebración de estos espectáculos ocasionaba a la economía del país, debido al perjuicio que suponía la cría de toros en la agricultura; y también se señaló el efecto desastroso de absentismo laboral, provocado por la frecuente celebración de corridas de toros. Tampoco faltaron los argumentos sociales, basados en el atraso que suponía para el país el mantenimiento de una diversión tan cruel que dañaba la sensibilidad de los españoles. Y también se aludió a la reputación nacional y a la imagen tan negativa que España transmitía al exterior. Todos estos argumentos influyeron en los monarcas y se plasmaron en diversas pragmáticas prohibicionistas. La más dura fue una real cédula promulgada por Carlos IV el 10 de febrero de 1805, que estableció la prohibición absoluta en todo el reino de las fiestas de toros y novillos de muerte.

Aunque la mayor parte de los políticos y escritores ilustrados fueron firmes detractores de las fiestas de toros, como el padre Sarmiento, Jerónimo Feijoo, Clavijo y Fajardo, Cadalso, el conde de Aranda, Floridablanca y Campomanes, la corriente taurina ilustrada contó con algunos defensores como Moratín, Meléndez Valdés, Iriarte y Antonio Capmany. Este último protagonizó un intenso debate en las Cortes de Cádiz. Allí, un grave incidente sucedido en la plaza de toros de la Caleta durante una novillada celebrada el 25 de abril de 1813 provocó que el Ayuntamiento de la ciudad solicitara a la Regencia la abolición total tanto de las corridas de toros como de las novilladas.