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En el reparto de competencias ministeriales sellado por el PSOE y Unidas Podemos se contempla la creación de una dirección general de Bienestar Animal, que dependerá de la vicepresidencia social que pilotará Pablo Iglesias. Un ámbito en el que de manera inevitable el Ejecutivo de coalición deberá afrontar el debate sobre la tauromaquia, un asunto que ambas formaciones eludieron en su programa de gobierno. Los morados esquivan la petición expresa de abolición, pero sí promueven eliminar las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia y prohibir espectáculos que impliquen maltrato animal.
El bienestar animal ha sido una cuestión que ha inquietado a Podemos por la presión del Pacma. El partido animalista rechazó unirse a los morados al considerar débil su posición y no exigir la abolición de la tauromaquia. La sensación de que el Pacma cobraba fuerza en las elecciones de abril - el CIS le otorgó la posibilidad de dos diputados- llevó a Iglesias a intensificar su apuesta por el animalismo hasta el punto de protagonizar un mitin perruno y proponer un referéndum para prohibir las corridas, al admitir que "no se pueden prohibir por decreto". Una promesa que asumió en primera persona Iglesias, como salvoconducto a no exigir directamente su fin.
Desde el mismo momento en que el Congreso dio luz verde esta semana a la investidura de Pedro Sánchez, Pacma "exige" al futuro Gobierno "tomar medidas sin más dilación" en cuestiones como "la prohibición de los circos con animales, la tauromaquia y cualquier espectáculo con animales".
Ahora, desde la Moncloa, Iglesias deberá decidir si impulsa el freno de la tauromaquia o deja pasar el asunto. El peligro, como él mismo ha reconocido recientemente, es decepcionar a sus votantes. En La Sexta dijo el martes que "toca arriesgarse y estar en las decisiones" para, desde el Gobierno, poder cambiar las cosas. Pedro Sánchez, por su parte, en alguna ocasión ha manifestado que no le gustan los toros, pero que respeta la tauromaquia.
Podemos sostuvo en campaña que un Gobierno de coalición no sólo mejoraría la vida de las personas, si no también la de los animales, entre otras cuestiones, porque se establecería la máxima de "ni un euro de dinero público ni protección cultural a los espectáculos taurinos". Además, promovían instar a la "protección a la infancia de la tauromaquia", de su "violencia física o mental".
Sin embargo, el pacto de gobierno sellado por socialistas y morados se limita a impulsar una Ley de Bienestar Animal, que garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios. "Estudiaremos la posibilidad de establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos, y mejoras en el control de los animales domésticos y en el control de la producción de animales de consumo", señala el texto.
La tauromaquia, en los dos últimos años en España, influyó sobre 103 actividades económicas que van desde la cría ganadera hasta la hostelería y restauración y supuso un impacto en la economía de 4.150 millones de euros, según los datos recabados por la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet).
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