EL MUNDO, Madrid. Editorial

LA MONUMENTAL de Barcelona acogió ayer un espectáculo
taurino de alta tensión emocional. Las
18.000 personas que llenaron el coso no sólo fueron a
disfrutar del toreo de José Tomás –que se volcó en su
primera faena–, Juan Mora y Serafín Marín, sino a
participar de una ceremonia histórica: la última tarde
de toros en la capital catalana. La prohibición de las
corridas a partir del 1 de enero de 2012 –decidida por
los votos nacionalistas y parte del PSC en el Parlament–
ha condenado al cierre a la emblemática plaza,
en la que tanto el sábado como el domingo se escucharon
gritos de: «¡libertad, libertad!».
En efecto, la abolición de los espectáculos taurinos
es en primer lugar un ataque a la libertad de los
ciudadanos, a los que se les niega el derecho de
asistir a un espectáculo que tiene una tradición secular.
Los animalistas brindaron en el exterior de la
plaza por la prohibición. Sin embargo –por respetable
que sea la posición de los antitaurinos– no fue
la piedad por el sufrimiento del toro lo que llevó a
los nacionalistas catalanes a prohibir la fiesta. Entre
otras cosas la cría de los toros de lidia sólo se
justifica por las corridas. Y es un insulto a la inteligencia
defender esta abolición y blindar los llamados
correbous de los pueblos catalanes, donde el
toro sufre de la misma manera.
La verdadera intención de CiU, ERC y el PSC era
y es erradicar de Cataluña uno de los símbolos de
España, olvidando que –como ha recordado el poeta
Gimferrer– los toros forman parte de la tradición
cultural catalana y que Barcelona ha sido una de las
capitales más importantes del espectáculo taurino
en el siglo XX.
Desde que el Parlament dio luz verde a lo que es una
auténtica aberración, el mundo taurino ha intentado
encontrar las vías legales para poder anular la prohibición.
Incluso desde el nacionalismo catalán se han alzado
voces que consideran excesiva la prohibición. Sin
embargo, los promotores de la iniciativa no han querido
rectificar. Entre los aficionados que abarrotaron la
Monumental había numerosos dirigentes del PP y una
ex ministra del PSOE, Carmen Calvo, quien advirtió
que «no será la última tarde de toros en Cataluña» porque
el PP recurrió la decisión ante el Constitucional.
En su opinión, y en la de muchos otros juristas, la Generalitat
se ha extralimitado en una competencia que
el Estado le cedió, pero para que regulara los espectáculos
taurinos, no para que los prohibiera.
Sin embargo, no es probable que el Constitucional
resuelva el recurso antes de un par de años, por lo que
sólo queda un camino para anular la abolición antes de
que la Monumental desaparezca, y es que el Gobierno
que salga de las elecciones del 20-N proponga al Congreso
la declaración de bien cultural para los toros, lo
que situaría a la ley catalana en una inconstitucionalidad
sobrevenida. Incluso el Gobierno francés ha aprobado
este reconocimiento para la tauromaquia. Por
tanto, un hipotético Gobierno del PP estaría política y
moralmente obligado a aprobar una iniciativa que a lo
mejor permite a la Monumental seguir abierta.