El PP no apoyará a CiU en Cataluña en 2012 si paga la abolición taurina Comentarios

MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA

En julio de 2010, el Parlamento catalán sentenciaba a muerte las corridas de toros en esta comunidad. Un año después, la misma Cámara negará el indulto a la Fiesta. Las proposiciones de ley de PP y Ciutadans (C,s) para aprobar una moratoria, en el primer caso, o suspender la prohibición, en el segundo, serán rechazadas mañana en el pleno parlamentario.
El PP no apoyará a CiU en Cataluña en 2012 si paga la abolición taurina
I. BAUCELLS
Dos aficionados alzan una bandera en defensa de la Fiesta catalana

Precisamente ayer, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, advertía de que aplazar el pago de las indemnizaciones a los afectados será condición «sine qua non» para que esta formación apoye los presupuestos de la Generalitat de 2012 . Las cuentas de este año, negociadas entre CiU y PP, no incluyen el coste de abolir la Fiesta. «El pago de indemnizaciones no es prioritario, lo es el gasto social», dijo Sánchez-Camacho.
La única esperanza

Ésta será, por tanto, la última temporada taurina en Cataluña, pues la abolición entrará en vigor en enero de 2012. La única esperanza ahora es que el Tribunal Constitucional avale la Fiesta, en respuesta a un recurso del PP, o que prospere en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular favorable a que las corridas sean declaradas Patrimonio Cultural. Los intentos «in extremis» del PP catalán y Ciutadans de salvar la Fiesta no prosperarán este miércoles en la Cámara catalana. Los populares solicitan una moratoria hasta 2015 basándose en la crisis económica.

El gobierno catalán minimizó los efectos económicos de abolir las corridas y habló de «unos pocos miles de euros». Sin embargo, fuentes del sector taurino aseguran que el coste de suspender la Fiesta podría suponer unas pérdidas para los propietarios de la plaza de toros de la Monumental de casi 350 millones de euros en los próximos diez años.

Especialmente elocuente, en este sentido, fue el líder de Ciutadans, Albert Rivera, quien subrayó la contradicción y la «inmoralidad» que supone que el ejecutivo catalán se vanaglorie de haber logrado el traspaso de la titularidad de varios centros hospitalarios, cuya venta le reportará unos 300 millones de euros, mientras por otro lado se gasta ese mismo dinero en indemnizar al sector taurino