JUEZA RECTIFICA SU FALLO Y DEBE ACOGERSE A LA SOLICITUD DE LA PROCURADURÍA EN EL CASO DE LA SANTAMARÍA DE BOGOTÁ

Bogotá .-Por Guillermo Rodríguez.

La juez 62 penal de Bogotá que se abstuvo de decidir si tras la decisión del alcalde Gustavo Petro de dar por terminado el contrato para la temporada taurina se está afectando los derechos fundamentales de quienes se dedican al toreo tuvo que rectificarse a si misma y debiò acoger la  peticiòn de la procuradurìa para que aboque el asunto.

A veces en la vida jurídica ocurren estas cosas y no se trata de quele guste o no a la distinguida funcionaria de nuestros estrados judiciales sino que , y ella lo sabe, tiene que fallar en derecho.

No se sabe què decisiòn adoptarà pero de momento es una luz de esperanza en la larga batalla jurídicapor recuperar para los toros la plaza De Santamaría de Bogotá.

Días después de que el alcalde Gustavo Petro diera por terminado el contrato con la Corporación Taurina de Bogotá, la Unión de Toreros de Colombia (Undetoc), que agremia a los profesionales que se dedican al toreo en el país, interpuso una acción de tutela en la que advertía que esa decisión vulneraba varios de los derechos fundamentales de sus asociados.

El derecho al trabajo, y el de la libertad de escoger profesión u oficio (consagrados en los artículos 25 y 26 de la Constitución), fueron los reclamados en la tutela, presentada a través del expresidente de la Corte Constitucional Jaime Córdoba Triviño. 

Ahora esperamos el fallo.





La juez 62 penal municipal de Bogotá declaró improcedente la tutela, con el argumento técnico de que "existen otros medios judiciales o pueden acudir tanto los accionantes como la parte contratante dentro de la órbita del Contrato de mandato No. 411 de 1999", según un comunicado publicado por la oficina de prensa de la Alcaldía de Bogotá. 

El exmagistrado Córdoba Triviño explicó que la decisión de la juez 62 penal establece que el conflicto generado tras la finalización unilateral de un contrato se puede resolver por otra vía, diferente a la acción de tutela. Pero que el fallo "no resuelve la discusión de fondo". 

Según Córdoba lo que los toreros reclaman en la acción de tutela es si la decisión de Petro de culminar el contrato y de suspender la venta de abonos para la temporada taurina es una prohibición de una actividad amparada en la ley y la Constitución. "Y eso no lo resolvió la Juez". 


Por eso el exmagistrado Jaime Córdoba, en su calidad de apoderado de los toreros, anunció que impugnará el fallo.