AUTORIDADES TAURINAS fuera de orden, provocan el desorden en la Fiesta

Manzanares, el menos involucrado en el zipizape

EL VITO

Por años los contratos en los toros se sostuvieron sobre la palabra de los hombres que la empeñaban. Valía más la palabra dada que todas las firmas del mundo notariadas. Viene al caso este tema por las protestas absurdas que levantan contra José María Manzanares, que ha dicho que no viene a la feria de San Cristóbal y sí irá a Cali.
Una ligera investigación de los papeles firmados y de la letra escrita, denuncian que todo el asunto es una vil farsa donde todo, pero todo, se ha violentado en su proceder jurídico.
Vayamos por partes, para entender y comprender el desaguisado de la situación. En primer término el contrato entre Manzanares y la empresa de Ricardo Ramírez se asentó en papelería de la propia ganadería de lidia, con fecha en Salamanca. Dos elementos que le quitan legalidad venezolana al contrato, convertido en simple contrato privado entre los representantes del torero y la empresa contratante, sin valor público ya que ese papel, que debería ser un papel de la Asociación de Matadores de Toros y de Novillos, -como históricamente se ha estilado- no fue autenticado en una Notaría, tampoco en el Consulado de Venezuela en España y mucho menos en la Embajada de Venezuela. Ese contrato no ha sido visado por la Asociación de Matadores de Toros y de Novillos de Venezuela, tiene correcciones a mano sobre los dineros del torero y en un agregado además de indicar que la suma a devengar “será a convenir”, suma y franquicia, tiene muy explícito los términos que “habrá que acordar con la empresa la fecha y el cartel”, que es lo que protesta el supuesto representante de Manzanares no se ha cumplido y por lo que denunció el contrato.
Nuestras muy honorables comisiones taurinas aún no han sido capaces de tener un registro de representantes de los toreros que actúan en Venezuela, por lo tanto no sabemos quiénes son los funcionarios del todopoderoso clan Matilla, que integran las grandes figuras del toreo universal y que imponen sus condiciones a todos los empresarios en Venezuela. Es por ello que no sabemos a ciencia cierta si el firmante del papel de la Ganadería de Los Ramírez representa o no a Manzanares. Es una vergüenza, no lo dudamos, pero es el común de nuestras autoridades taurinas.
De todo este zipizape la Comisión Taurina de San Cristóbal es muy culpable, porque para autorizar la venta de un solo boleto para las corridas de la Feria de enero ya deberían tener en sus despachos los contratos, autenticados por representantes de la nación venezolana en España, visados por los gremios de España y por la Asociación de Matadores de Toros de Venezuela y presentados ante las autoridades de los Espectáculos Públicos del Municipio San Cristóbal.
Algo parecido a lo que en estos momentos ocurre en Valencia, donde, como es costumbre en este cuerpo colegiado las autoridades están más al servicio de la empresa organizadora que del público que le señala representar y defender sus intereses la Ordenanza Taurina Municipal.