Prohibir las corridas de toros costaría a cada catalán 42 euros

Las indemnizaciones al sector cuadruplican la cifra que el tripartito quiere recaudar con la subida del IRPF

MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA

Pese a que los principales defensores de la prohibición de los toros, esto es ERC e ICV, intentan retrasar el pago de las indemnizaciones previstas en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), los números son elocuentes. Tal como publicó ABC, el empresariado taurino de Cataluña calcula unas pérdidas de 300 millones de euros, es decir, unos 30 millones anuales durante los próximos diez años que saldrán del bolsillo del ciudadano. Es decir, que la ILP costará a cada catalán -la comunidad catalana tiene actualmente siete millones de habitantes- unos 42 euros.
Esta cifra puede ser algo menor en virtud de la moratoria de dos años que, la semana pasada, votaron CiU, ERC e ICV en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento autonómico, según la cual la ley entraría en vigor el 1 de enero de 2012. O mayor, pues la ILP habla de «titulares de derechos subjetivos afectados por la entrada en vigor de la ley», lo que podría ampliar el abanico de damnificados a sectores como el ganadero, el de la restauración, el del personal de la plaza y a los propios toreros, por ejemplo.
Retraso en el pago
En la citada comisión, los nacionalistas se alinearon por primera vez junto a los dos partidos animalísticos que apoyan a la plataforma «¡Prou!», impulsora de la ILP. Los votos de estas tres formaciones dieron luz verde a una enmienda de los ecosocialistas según la cual «los efectos económicos de esta ley se trasladarán al presupuesto del ejercicio siguiente al de la aprobación o bien al que se derive del expediente indemnizatorio tramitado con esta finalidad».
Una ambigüedad suficientemente calculada para demorar el gran gasto que el próximo gobierno catalán -las elecciones autonómicas están previstas para el próximo mes de noviembre- deberá asumir.
Un gran gasto que agrava el actual déficit de la Generalitat, cifrado en 6.000 millones de euros y que el presidente José Montilla intenta enjuagar con un paquete de medidas anticrisis, que incluye, entre otras medidas, la subida del IRPF, con la que se pretende ingresar 75 millones de euros, es decir, la cuarta parte del coste de las indemnizaciones previstas por el sector taurino. Con esos 300 millones, el Ejecutivo autonómico podría evitar el recorte de 250 millones en las obras de la Línea 9 del Metro. O mitigar el «tijeretazo» en personal, sueldo y plantillas, cifrados en 408 millones de euros.
«Con esas compensaciones se intenta silenciar al sector afectado y cerrar este frente. Hay que recordar que la ley antitabaco no contempla ese tipo de indemnizaciones», subraya el presidente de Ciudadanos (C,s), Albert Rivera, muy activo en la defensa de la libertad de acudir a las corridas de toros.
Precisamente ayer, el comité de empresa de la plantilla de trabajadores de la Monumental de las Ventas advirtió de que varios miles de empleos e ingresos que dependen de la actividad taurina se verán afectados por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.